El 7 de marzo del 2020, Salud Pública sorprendía con una conferencia de prensa de urgencia un sábado por la tarde, donde comunicaba la detección del primer paciente con Covid en Paraguay e instaba a “mantener la calma”.

En la ocasión se informaba que el afectado era un hombre de 32 años que llegó del Ecuador con un cuadro febril y molestias en la garganta. También se aclaraba que su caso no revestía gravedad, no obstante, todas las personas que tuvieron un mínimo contacto con él, desde su aterrizaje hasta su última parada en la consulta médica, fueron enviadas al aislamiento.

Tres días después, el 10 de marzo, también en horas de la tarde, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez decretaba cuarentena total por 15 días y paralizaba por completo las actividades educativas, económicas y sociales.

Esta abrupta disposición cambió para siempre la vida de muchos y hasta hoy es criticada por algunos y elogiada por otros, como el exministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien, en el tercer aniversario de la pandemia, reflexionó al respecto y consideró que la decisión fue correcta.

“Para nuestra realidad, fue una medida acertada”, opinó hoy Mazzoleni, en una entrevista con radio Monumental.

Recordó que los cálculos iniciales, al ver lo que sucedía en Italia, era que la primera ola iba a dejar más fallecidos que los que se tienen a la fecha, es decir,  19.878 muertos.

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En su artículo 1º, el decreto disponía restringir totalmente el tránsito de personas y vehículo y establecía que todos los habitantes debían permanecer en su residencia habitual y que solamente podían salir para desplazamientos mínimos e indispensables como la compra de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza.

Las pocas excepciones eran las autoridades nacionales, los trabajadores de medios de comunicación, de supermercados, despensas, farmacias y la cadena logística para la provisión de alimentos, fármacos etc.

Por otro lado, días antes de la extensión, es decir, el 26 de marzo, ya se promulgaba la ley que declaraba emergencia en todo el territorio nacional ante la pandemia del Covid-19. La legislación habilitaba al Ejecutivo a tomar medidas excepcionales en lo presupuestario, lo fiscal y administrativo.

El Congreso aprobó un crédito de 1.600 millones de dólares por la emergencia, de los cuales, aproximadamente 400 millones eran para el Ministerio de Salud. Posteriormente llegaron otras medidas como la asistencia a los trabajadores suspendidos a través de un subsidio del IPS, programas sociales como Ñangareko y Pytyvö.

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Los siete millones de dólares desembolsados por Paraguay a favor del mecanismo Covax, a la espera de la distribución “oportuna” de las vacunas, se esfumaron y hasta hoy, no se avizora chance de recuperación, sin mencionar que las vacunas nunca llegaron y que, si no fuera por la donación norteamericana a gran escala, Paraguay hubiera tenido una tasa bajísima de inmunizados en los dos primeros años de pandemia.

En el Barrio San Juan, de la ciudad de Luque, a casi dos semanas del luctuoso suceso, la Municipalidad de Luque mandó colocar barandas de seguridad para evitar otra desgracia, según informó el canal GEN/Nación Media.

Además fueron instaladas dos piezas de concreto en el lugar para amortiguar algún impacto e impedir que un vehículo vaya a parar a la zanja.

El 24 de abril, madre e hija fallecieron arrastradas por el raudal, luego de caer a un cauce que no tenía vallas. En la ocasión, se salvaron tres personas, todas ellas, recién egresados del Grupo Lince.

Por el hecho, la Fiscalía formuló imputación en contra del intendente de Luque, Carlos Echeverría, tal cual había ocurrido con el intendente de Lambaré en noviembre pasado, cuando murieron dos militares en las mismas circunstancias.

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La Dirección Nacional de Migraciones efectuó 677 procedimientos de seguridad en frontera durante el primer cuatrimestre del año, destacándose los procedimientos realizados en el marco del operativo JOAPY, que derivó en la expulsión de 25 extranjeros de nacionalidad brasileña vinculados al crimen organizado, que guardaban reclusión en penitenciarías del Paraguay y contaban con orden de prisión en su país de origen.

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Procedimientos efectuados del 01/01/24 hasta el 30/04/24: Impedimentos de salida (357), Inadmisiones (203), Expulsiones (74), Procedimientos de entrega (38), Extradiciones (5).

Los impedimentos de salida fueron aplicados por los siguientes motivos: Por no contar con la documentación de viaje requerida (119), Por carencia de Permiso del Menor (127), Por poseer prohibición judicial de salida (99), Por orden de captura (12).

Las inadmisiones de ingreso al país de extranjeros fueron aplicadas a ciudadanos provenientes de: Argentina (51), Brasil (51), Bangladesh (23)Bolivia (11), China (11), Colombia (10), Uzbekistán (8), Cuba (6), Rep. Popular China (5), Ecuador (3), Haití (3), Nepal (3), Venezuela (3), Perú (2), Estados Unidos (2), India (2), Turquía (2), Botsuana (1), Bielorrusia (1), Argelia (1), Filipinas (1), Rep. Dominicana (1), Líbano (1) y Serbia (1).

Las expulsiones del territorio nacional fueron efectuadas en conformidad con la Ley N° 6984/22 de Migraciones: Expulsiones administrativas y (50)Expulsiones judiciales (24).

Los ciudadanos expulsados son oriundos de: Brasil (54),Argentina (8), Colombia (5), Perú (2), Chile (2), Ecuador (1), Afganistán (1) y Francia (1).

Los procedimientos de entrega se realizaron en coordinación con los organismos de seguridad intervinientes: Paraguay (31), Argentina (2), Brasil (2), España (1), Ecuador(1) y Perú (1).

Las extradiciones registradas corresponden a: Paraguayos extraditados desde Argentina (2), Paraguayo extraditado a la Argentina (1), Paraguayo extraditado al Brasil (1) y Argentino extraditado desde Argentina a nuestro país (1).

Todos los procedimientos fueron llevados a cabo en los puestos de control fronterizos y aeroportuarios habilitados, en conformidad con lo establecido en la Ley N° 6984/22 de Migraciones.

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Rodrigo Estigarribia es el juez recusado en la causa que investiga al animador y exgobernador Hugo Javier, procesado por lesión de confianza y otros delitos presuntamente cometidos durante su administración en la Gobernación de Central.

Silvio Corbeta, fiscal de la causa, explicó que el juez ya había sido recusado y que, no corresponde esta nueva acción.

Hugo Javier llegó esta mañana al Palacio de Justicia acompañado de su representante legal y firmó el pedido de recusación.

El siguiente paso queda en manos de un Tribunal de Apelación, que deberá decidir si mantiene al juez Estigarribia o lo aparta de la causa.

El perjuicio patrimonial causado durante su administración, en plena pandemia del Covid, según la investigación, supera los 18.000 millones de guaraníes.